La presidenta refuerza el mercado salvaje

En estos últimos meses han pasado muchas cosas preocupantes en la Argentina. Eso no es una novedad, para una sociedad que viene sufriendo un proceso de desintegración económica y social desde mediados de los años ‘70. Pero lo que quizás sea más preocupante es el giro cada vez más abierto que está tomando la política gubernamental, hacia una profundización del continuismo menemista en otro contexto (que es lo mismo que decir, una consolidación del proyecto de concentración, saqueo y genocidio).

Un viejo economista argentino (ya fallecido), Raúl Prebisch, afirmaba en su obra más destacada ("Capitalismo periférico – Crisis y transformación"), que el mercado era ciego desde el punto de vista social y ambiental. Con eso quería significar que la lógica pura del mercado capitalista se guía principalmente por la competencia y la búsqueda de la máxima ganancia, lo que obliga a quienes intervienen en la actividad económica a ser eficientes, a buscar mejoras en forma constante, a reinvertir las utilidades para ser más competitivo y, ante la disyuntiva de matar o morir, a luchar obviamente por la supervivencia (a costa de ganar mercados y de destruir al rival).

Esta lucha competitiva obliga a los empresarios a priorizar un objetivo central: lograr la mayor rentabilidad posible. De eso depende su presente y su futuro. Eso se traduce en que cualquier otra consideración se subordinará al objetivo fundamental de su actividad. Por esa razón, la lógica pura del mercado capitalista no contempla otros fines, como ser el cuidado del ambiente o los efectos negativos sobre los seres humanos. Precisamente, toda sociedad intenta poner límites a esa lógica salvaje, destructiva e inhumana del capitalismo, a través de regulaciones que impone desde el Estado, con políticas, normas e intervenciones sobre el "libre accionar de las fuerzas del mercado".

Lamentablemente, en la Argentina 2008, han sucedido muchos casos de intervención del Estado nacional, que en lugar de actuar para defender la preservación del ambiente o las mejoras sociales de la población desfavorecida, ha obrado en sentido contrario, profundizando los males del mercado salvaje. Tomamos dos hechos lamentables que tuvieron como protagonistas al gobierno kirchnerista.

Jubilados: la pobreza en el peor momento (…Cristina lo hizo I)

La Constitución Nacional en su artículo 14 bis reconoce un conjunto de derechos sociales, entre ellos de gozar de una jubilación móvil, derecho que fue reglamentado por una ley del año 1957 que disponía para el trabajador que se jubila un haber equivalente al 82% del salario que percibía hasta ese momento. Y ese haber luego se ajustaba en función de las variaciones del salario del personal en actividad. Es una manera de corregir una situación que si quedaba librada a las fuerzas del mercado llevaría a los ancianos a vivir en la miseria.

Si bien hubo algunos cambios posteriores que no alteraron la esencia de ese derecho, a mediados de los años ’90 el gobierno justicialista de Menem modificó la legislación previsional, y dispuso un haber inicial equivalente apenas al 52 % del salario percibido por el trabajador en actividad, además de eliminar la movilidad posterior ligada a los salarios activos, en abierta violación del derecho consagrado por nuestra Constitución. Llevado el problema ante la justicia, la Suprema Corte falló en forma sucesiva a favor de un jubilado damnificado (caso Badaro, años 2006 y 2007), y obligó no sólo a ajustar los haberes del reclamante en función de los aumentos salariales, sino que instó al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional a adecuar la ley vigente a lo dispuesto por nuestra Carta Magna.

Cumpliendo (en apariencias) con el fallo de la Suprema Corte, la Presidenta envió este año (2008) un proyecto al Parlamento, denominado de "movilidad previsional". Sin embargo, la norma establecía un mecanismo de actualización que no respetaba ni la Constitución Nacional, ni el fallo de la Corte. En su texto se incluye una fórmula tramposa que se utilizará para ajustar los haberes de los jubilados en forma semestral, donde en cada ajuste el porcentaje de actualización se va alejando de los aumentos que tengan los trabajadores en actividad, lo que llevará gradualmente a todos los haberes al nivel mínimo (que está muy por debajo del propio nivel de pobreza). Por lo tanto, si los jubilados actuales que perciben el haber mínimo representan más de 76 % del total, en el futuro serán cada vez más los que lleguen gradualmente a ese lamentable estado de deterioro.

Pero la situación es más grave aún que la legislación que impuso el gobierno de Menem y Cavallo en los ’90. Porque desde el 1º de enero del 2009, esa fórmula tramposa se aplicará también para el cálculo del haber inicial, cuando se estime el 52% del salario que tenía quien ha de jubilarse. Por esta norma, ese 52% no se aplicará sobre el salario al momento de retirarse, sino sobre el salario promedio de los últimos diez años, ajustados según la mencionada fórmula. Con esta disposición, el salario base disminuirá sustancialmente, por lo que cualquier trabajador que se jubile en el futuro sólo comenzará a recibir menos de un 30 % de su salario en actividad, y luego seguirá perdiendo poder adquisitivo en cada semestre posterior. En consecuencia, por esta ley injusta, inmoral, inconstitucional y criminal, los jubilados actuales y futuros (es decir todos los trabajadores) terminarán recibiendo durante los últimos años de su vida un ingreso mínimo por debajo de la línea de pobreza, y estarán condenados a un ingreso miserable cuando más necesitan del apoyo y la contención de la sociedad.

Se trata de un tratamiento digno de la lógica del mercado salvaje, donde lo que menos interesa son las condiciones de vida de la población (en este caso, de los jubilados). Esto es gravísimo, además de perverso, dado que aún cuando existan los fondos suficientes (con un ANSES que tiene elevado superávit), los mismos no se podrán destinar a recuperar los reducidos haberes de los jubilados. ¿En qué se usarán, entonces, los recursos que deberían ser para los jubilados? Como sucede hasta ahora, que el Gobierno nacional los utiliza para otros fines, principalmente cumplir con las obligaciones de la deuda (pagar tributo al capital financiero) y entregar subsidios a los grandes grupos empresariales.

Depredación minera: el agua en peligro (…Cristina lo hizo II)

La explotación irracional de nuestros recursos mineros tuvo un fuerte apoyo con la legislación colonial aprobada en los años ’90, donde se permite el saqueo y la contaminación en gran escala por parte de empresas transnacionales. El marco jurídico dispone de exenciones tributarias a las mega mineras, que se pueden llevar el oro, el cobre y otros valiosos recursos minerales de nuestro territorio, sin pagar impuestos y sin la obligación siquiera de traer las divisas al país, recibiendo no obstante subsidios y reembolsos por parte del Estado nacional. Esa minería a cielo abierto, una de las actividades más contaminantes del planeta, permite que en un par de décadas y a golpe de dinamita, donde había montañas queden hoyos gigantescos de agua y tierra contaminada. También permite que se dilapiden reservas enormes de agua potable, y se consuma en gran escala gas y energía subsidiada por todos los argentinos. Una sola empresa minera (La Alumbrera) llega a utilizar la misma cantidad de energía eléctrica que todo lo consumido por las provincias de Catamarca y Tucumán.

La llegada al gobierno de Néstor Kirchner en el año 2003 podría haber puesto fin a esa legislación entreguista, si nos atenemos al discurso "progresista" de su gestión. Por el contrario, desde ese momento la promoción de las inversiones extranjeras en el sector tomó un impulso inusitado, y apareció una gran cantidad de interesados en quedarse con estos valiosos recursos.

Pero no es sólo el saqueo de las riquezas mineras lo grave. Tampoco el envenenamiento de tierra, agua y aire de la región cordillerana, afectando a muchas poblaciones. También está en peligro la fuente generadora de agua potable que constituyen los glaciares, que significan en la Argentina un 75% de las reservas hídricas. Precisamente, en el pasado mes de octubre se sancionó una ley de protección a los glaciares, que tuvo en apoyo unánime en las dos Cámaras del Congreso Nacional. Esta norma, si bien no corregía el accionar depredador de las compañías mineras internacionales, que sólo se guían por su afán de la máxima ganancia, al menos intentaba proteger un recurso que es vital para la vida humana: el agua potable. Pero sucede que días atrás, nuestra Presidenta en lugar de promulgar la ley, decidió vetarla por un decreto que firma también el actual Jefe de Gabinete.

Esta actitud criminal con nuestro ambiente y con una de las principales reservas de agua potable que tenemos, sólo beneficia a un puñado de grandes empresas extranjeras, y pone de manifiesto la continuidad esencial de un proyecto depredador, saqueador y genocida, a cuyo servicio han actuado los últimos gobiernos nacionales en la Argentina, en especial desde principios de los años ’90 hasta la actualidad.

La salida: protagonismo popular para una nueva sociedad

En síntesis, si el mercado salvaje impone una lógica que tiene como prioridad absoluta el logro de la máxima ganancia, a costa del ambiente y del ser humano; y si además los sectores minoritarios que se benefician con este sistema imponen sus intereses a quienes nos gobiernan, distorsionando el sentido de la democracia; debemos buscar otro camino antes que sea demasiado tarde. No será el camino de los que pregonan más libertad de mercado, ni el camino de los que se sirven de una democracia formal, y que permite que quienes gobiernen lo hagan para servir al proyecto dominante, y no para servir al conjunto de la sociedad. Será sólo el protagonismo de la gente, la mayor participación de los sectores populares, la búsqueda activa de soluciones para el conjunto y la lucha unitaria por el cambio social, lo que garantizará en última instancia que podamos ir construyendo una nueva democracia al servicio de una nueva sociedad.

Luis Lafferriere
Noviembre de 2008

La Educación

La siguiente carta fue publicada en El Diario de Paraná el miércoles 25 de marzo como respuesta a la decisión del Director Departamental de Escuelas, Roberto Matteoda, de cerrar cursos en la Escuela Provincial de Nivel Medio Nro. 19 Monseñor Doctor Abel Bazán y Bustos. La medida provocó la inmediata reacción del sector educativo, que convocó a una masiva movilización a Casa de Gobierno el jueves 26, donde se reclamó no sólo la decisión de dar marcha atrás con la nefasta medida, sino también la recomposición salarial para los docentes y la mejora edilicia en establecimientos educativos. Algunos marchan por la "inseguridad", otros lo hacemos por la Educación...

Paraná, 23 de marzo de 2008
Señor Director de EL DIARIO
Dr. Luis F. Etchevere
De mi mayor consideración:

Al parecer, ahora también la educación debe responder a las leyes de oferta y demanda del mercado. El Estado presta este servicio, y si los “consumidores” no satisfacen el número de demandantes previstos, éste debe caducar. Es decir: si una escuela, Bazán y Bustos en este caso, cuenta con una matrícula que no colma las expectativas previstas, los cursos deben cerrarse. Hemos llegado hasta este punto.

Hay quienes todavía creemos que la educación, al igual que la comunicación, son derechos y no servicios. Es por eso que me expreso libremente en un medio de comunicación a favor del derecho a educarse que tiene cada uno de los habitantes de este país, y de elegir dónde y cuándo hacerlo. Y de los docentes, que en instituciones de estas características más de una vez exceden los límites de su profesión para cubrir necesidades básicas que los alumnos tienen insatisfechas, tolerando el descrédito de muchos de quienes los rodean y los miserables salarios percibidos por ejercer una de las profesiones más dignas que existen.

Le sugiero con todo mi respeto al Sr. Matteoda que realice un “sondeo” (triste palabra suya aparecida en este medio, que tiene más que ver con la estadística que con el derecho a la educación) no sobre la cantidad de estudiantes que asisten a esta institución, sino sobre cuántos residentes del barrio El Sol no lo hacen y por qué razones; es decir, por qué hay tan pocos alumnos por curso. Sospecho que el resultado podría ser alarmante. Y con decisiones de este tipo, lo será cada vez más.

Martín Andrés Gerlo
DNI: 33.502.723

A 33 años del Golpe

Desde el Proyecto de Extensión por una Nueva Economía y la Revista PESO no quisimos ignorar que la fecha de edición de nuestro segundo número coincidía con un nuevo aniversario del golpe militar del 24 de marzo de 1976, el cual inició un período negro de nuestra historia, signado por una feroz represión, pero también por una política que provocó la desintegración económica y social del país. Por ello no consideramos inoportuno reflexionar sobre los verdaderos objetivos que movilizaron el accionar de la dictadura, cuyas consecuencias guardan estrecha relación con las actuales problemáticas socioeconómicas de nuestro país que se verán plasmadas en las páginas de esta revista.

PROYECTO DOMINANTE, DICTADURA Y DEMOCRACIA
Por Luis Lafferriere

Es mucho lo que se ha dicho, en estos últimos años, sobre la ferocidad de la dictadura y la masiva violación de los derechos humanos. Se ha producido, además, una avanzada en contra de los militares genocidas y violadores, que felizmente ha llevado a la justicia a quienes haciendo uso del poder otorgado por las instituciones de la Nación, llevaron a cabo hechos aberrantes y crímenes de lesa humanidad. Llama la atención, sin embargo, que la sobrecarga de información, de denuncias públicas y de discursos oficiales contra el accionar represivo y genocida, se concentre sólo en la violación de los derechos humanos durante la última dictadura y no avance sobre lo sucedido en estos últimos años.

Frente a esto, es importante recalcar que el objetivo central de la dictadura fue fijado por quienes detentaban el poder real en la sociedad argentina, que eran los sectores económicos más concentrados: capitales extranjeros, aliados con los grandes grupos nacionales, buscaron refundar estructuralmente a la Argentina, tanto en términos económicos, como políticos y sociales, de modo de imponer una nueva sociedad, más concentrada, excluyente y elitista de la que estaba presente hasta entonces. Estos propósitos significaban romper con los pilares de sustentación de la controvertida sociedad argentina, que tenía sus principales puntos de apoyo en la industrialización sustitutiva, en la fortaleza del mercado interno, en el estado distribucionista (productor y regulador) y en la movilización de importantes sectores en lucha, como ser trabajadores, estudiantes, intelectuales, etc.

Más allá de que todas las metas no se cumplieron totalmente, en la dictadura se sentaron las bases que serían profundizadas durante la democracia. Aún faltaba desmantelar por entera la estructura del sector público y construir un modelo económico más concentrado, orientado hacia el mercado externo, sin que corriera peligro la estabilidad y la gobernabilidad del país. Pero, los sucesivos gobiernos democráticos que estuvieron luego de la dictadura, con la ayuda de los grandes medios de comunicación (que vienen trabajando sin pausa por la jibarización mental de la población, profundizando el analfabetismo político y sembrando el sentimiento de egoísmo, indiferencia y pesimismo frente a las posibilidades del cambio social), continuaron con lo que nosotros denominamos el proyecto de concentración, saqueo y genocidio.

Es por eso que es necesario y de suma importancia reconocer que la violación a los derechos humanos continúa hasta hoy: aún cuando desde el punto de vista de la represión abierta se pueden señalar miles de casos denunciados en los últimos años (asesinatos y castigo a militantes populares, judicialización de la protesta social, represión de movilizaciones, etc.), no podemos ignorar la creciente pobreza e indigencia generalizada, la falta de servicios públicos a los sectores de menores recursos, el hambre, la falta de seguridad en el trabajo, la inexistencia del derecho a la información transparente, entre otros.

Una crítica a los "Progres" K

La siguiente nota, elaborada por el profesor universitario Luis Lafferriere, director del Proyecto de Extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable” de la UNER, fue redactada a los efectos de dar respuesta a un artículo del Dr. Ricardo Forster. La tomamos para su reproducción, porque entendemos que es un aporte al necesario debate que debe darse en el campo popular respecto del rol de los intelectuales “kooptados” y de su funcionalidad con el proyecto de los sectores dominantes en la Argentina.

Agro: critican a los productores y defienden a los monopolios

Es lamentable y preocupante el comportamiento que vienen asumiendo muchos intelectuales, con anteriores experiencias y trayectorias supuestamente progresistas, que en su afán de defender las políticas llevadas a cabo por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, generan con sus opiniones una peligrosa y dañina confusión. No se puede ignorar esta criticable actitud que sólo ve la realidad del país con el ojo tuerto (una parte, la que más le conviene), pero ignora la realidad completa, que es una forma de terminar en una gran mentira. Entre otras cuestiones, esto se evidenció claramente en el caso del conflicto protagonizado por los productores agropecuarios, quienes liderados por las cúpulas de las entidades ruralistas se enfrentaron a la medida gubernamental del fuerte aumento de las retenciones a las exportaciones del sector, defendiendo su participación en la renta. Vuelve a la escena el problema y vuelven los escribas k, en este caso en un artículo de Forster sobre lo que denomina “la restauración conservadora”.

Hay un elemento que caracterizó el discurso de los kooptados, tanto el año pasado como en los últimos días, y es el de criticar a todos los productores agropecuarios que reclaman, sin diferenciar las demandas y las dificultades de los más pequeños. Al poner en la misma bolsa a sectores con claras diferencias de tamaño y poder económico, de costo y de rentabilidad, caen en el mismo error de las políticas pretendidamente “redistributivas” del kirchnerismo, que lo que producen es una mayor concentración de la producción y de la propiedad de la tierra. Pero a la vez, cometen otro grave error: “olvidarse” de criticar, como se “olvida” el discurso oficial K, a los principales beneficiarios de la patria de los agronegocios más concentrados: que son los monopolios del comercio exterior de granos. Antes de noviembre del 2007 fueron esos sectores quienes declararon ventas externas por anticipado por el valor de la producción de todo un año (caso soja), cuando aún no se había comenzado a sembrar. La maniobra permitió congelar precios y alícuotas al momento de la declaración anticipada de venta externa. Luego, aunque suban las mismas y los monopolios deduzcan un monto mayor al productor en el momento que le compran, sólo declaran al fisco la cantidad inferior. Todas las ventas anticipadas eran falsas, con el objetivo de evadir, pero la maniobra se llevó a cabo igualmente y las ganancias serían astronómicas, como realmente sucedió luego.

Para marzo de 2008 ya habían declarado ventas por dos años de producción. Y la resolución 125, al disponer retenciones que llegaron al 50 % del precio del producto, permitían que los grupos empresarios concentrados (en la industria aceitera y la exportación) sólo depositaran alrededor del 25 % promedio. El resto se lo apropiaron como un enorme tributo K al imperio de los poderosos. Algo inédito en la historia de la Argentina (desconozco que haya casos parecidos en el mundo). Un impuesto que cobran para sí los capitales más concentrados, en perjuicio de los productores y del Estado (de todos). Ninguno de los progres K (ni Forster, ni Libres del Sur, ni ninguno de los “nac and pop”) dijeron algo sobre este fenomenal saqueo, que era posible por una fenomenal entrega. Y este saqueo, más otros similares que permite este gobierno a favor de los exportadores de granos, continúa hasta hoy. Por eso digo, no hay peor ciego que el tuerto que mira sólo lo que le conviene (para tapar lo repudiable). Pero, además, reitero lo que sostuve en numerosos escritos durante el conflicto del año pasado: que generó una falsa división en la sociedad y que no permitió el verdadero debate. Las dos partes, Gobierno K y entidades ruralistas, se pusieron la camiseta del modelo neocolonial de monoproducción de soja transgénica, modelo que vinieron ambos impulsando desde hace años y que además usufructuaron en el reparto que hacían de la parte de la renta diferencial de la tierra que capturaban (la que les dejaban como resto los grandes monopolios de los agro negocios),

Desde el año 2003, la producción sojera creció casi un 50 % con la política de Néstor K (continuidad esencial del menemismo de los '90), y fue el propio presidente quien se encargó de defender el ejemplar modelo sojero en el exterior. Lo hizo en EE.UU. en mayo de 2004, cuando en Nueva York endiosó al luego denostado yuyo en un diálogo público con Krugman, al afirmarle que “la soja argentina es de calidad” y sugirió crear junto con Brasil “la OPEP de la soja”. También lo hizo en Venezuela ante Chávez y en Cuba ante Fidel, cuando patrocinó como embajador sojero al rey local de la soja Gustavo Grobocopatel. También la actual Presidenta, hizo campaña en Córdoba del brazo del legislador más rico del Congreso y uno de los dueños de Aceitera General Deheza, de las cinco principales empresas exportadoras del complejo sojero y beneficiarias de la legislación K que permite cobrarles retenciones a los productores y pagar sólo la mitad al fisco.

De la mano del modelo neocolonial de soja transgénica fueron expulsados decenas de miles de micros y pequeños productores del agro, fueron perseguidos y expulsados violentamente de sus tierras miles y miles de campesinos, y taladas cientos de miles de hectáreas de montes y bosques nativos, además de la mega contaminación de los millones y millones de litros de glifosato en todo el territorio. En esto no fueron sólo los grandes productores los principales responsables (que además han sido beneficiados de las políticas agropecuarias k), sino también los grandes monopolios extranjeros, y los gobiernos K provinciales que no vacilaron en depredar el ambiente y reprimir a los campesinos y aborígenes. A todo esto lo ocultan los kooptados. Por eso es repudiable la actitud de ciertos intelectuales que detrás de una sesuda verborragia académica, o de una supuesta trayectoria progre, sirven de aval ideológico a los verdaderos dueños del poder, y desvían falsamente el eje del debate. Es el modelo productivo el que debe cuestionarse, y a los mentores y beneficiarios principales del mismo. Y a esto no lo hacen ni el gobierno K (ya que trabaja para esos intereses) ni las entidades ruralistas (que sólo desean un porcentaje mayor de la tajada de la gran torta de la renta agropecuaria argentina). Tampoco lo hacen, lamentablemente, los kooptados que prefieren la comodidad y el calorcito de la cercanía al fogón oficial, que mirar la realidad con los dos ojos y denunciar lo que corresponde, aunque ello signifique perder ciertos privilegios y romper con quienes detentan el poder político o económico.

Respecto de la criticada “corporación mediática” que cuestiona Forster en su artículo, por defender los privilegios de los dueños de la tierra, hay tanto para cuestionarle que lo dejo para otra ocasión. El mismo ojo tuerto, pero ahora sobre los medios de comunicación. Los tradicionales grupos empresarios multimediáticos de la derecha, que han sido beneficiados ampliamente por el decreto 527/2005 donde Néstor K les regala más de veinte años del espacio que pertenece a toda la sociedad; hasta los que ha tomado el gobierno para su uso directo, como Página K o Ambito K Financiero; dan mucha tela para el análisis. Lo mismo que la política de manipulación vergonzosa de los fondos de la publicidad oficial, o los innumerables actos de censura a periodistas y medios críticos de su gestión, o la confiscación alevosa que hacen de los equipos de las pequeñas FM comunitarias que no acuerdan con la política oficial.

En síntesis, hoy en la Argentina, o se está con los sectores dominantes, impulsores del proyecto de concentración, saqueo y genocidio (por acción u omisión, o por ambos); o se está con los sectores populares y en contra del proyecto dominante. Nuestra crítica es política y no personal, a menos, claro está, que las personas asuman la defensa de las políticas del imperio y de sus socios locales del capital más concentrado. Esa es mi humilde y modestísima opinión.

Luis Lafferriere
Paraná, 5 de marzo de 2009.

Informe - Más que un vuelto: la coparticipación y la salud pública

“Cuando se alza un poder ilegitimo, para legitimarlo basta reconocerlo”
(Anatole France. Premio Nobel de Literatura en 1921)



Las ballenas azules, que son los animales más grandes del mundo, se alimentan de los animales más pequeños como el plancton. Cada vez que tragan, son capaces de ingerir hasta una tonelada de esos animales microscópicos. En nuestra sociedad este fenómeno, propio de los animales, también se está volviendo natural entre los hombres. El pez grande que se come al más chico: situación que ocurre tanto en las relaciones personales como en la organización de un país. Argentina, nuestra nación, no está exenta de este tipo de depredación donde lo que se come son los recursos de los más pequeños, las provincias, en boca de un poder central y concentrador de las riquezas. En nuestro país la distribución de las ganancias se lleva a cabo fundamentalmente por medio del sistema de coparticipación federal de impuestos.

La coparticipación federal de los recursos estatales constituye un sistema concreto de repartición de una parte de los ingresos de la administración pública del Estado. Ciertos tributos son recaudados por la Nación y se distribuyen entre ésta y las administraciones provinciales de acuerdo a distintos regímenes que han ido cambiando con el tiempo. Esta organización está integrada por un conjunto de normas y procedimientos, que definen tres aspectos fundamentales:
—Qué impuestos se coparticipan.
—Qué proporción se distribuye entre la Nación y las provincias.
—Qué porcentaje se reparte entre las provincias.

Aclarado el procedimiento de la coparticipación en teoría, analicemos la práctica, que mucho deja que desear. El famoso conflicto del gobierno con el campo vislumbró la profunda inequidad fiscal del país. La dicotomía entre estos dos sectores “quedó atrás”, pero aquel contraste de una Nación plena de recursos frente a un interior asfixiado aún persiste. La coparticipación federal cada vez responde menos a su nombre, se vuelve día a día más unitaria; esta afirmación no sólo responde a un hoy, sino también a un mañana: según el presupuesto 2009, informado recientemente, sólo el 24,8% del total de la recaudación total se destinará a la coparticipación.

Que el Estado central tienda a apropiarse de los recursos de las provincias es consecuencia fundamental de dos objetivos altamente cuestionables: el pago de la deuda externa —en gran parte ilícita— y los subsidios a los grandes grupos empresarios. Para cumplir con esas dos finalidades, la Nación aplica aumentos de tarifas y retenciones elevadas, además de los impuestos regresivos. Y a la vez le quita a las provincias recursos que les corresponden legítimamente. Se suma a esta lista los famosos “recortes” a la salud y a la educación pública. Esto se resume en la política social de quitar a los que menos tienen y menos ganan, sin recibir a cambio beneficios simétricos.

La ley vigente de coparticipación de impuestos Nº 23.548, sancionada en 1988, contempla una distribución primaria de los ingresos tributarios coparticipados de un 57,66 % del total para las provincias, y del 42,34 % restante para la Nación, dictamen que difiere de la realidad que se percibe en los presupuestos establecidos año a año y en cada institución dependiente del Estado a la que acudimos. La repartición secundaria se realiza a partir de entonces de acuerdo a tasas fijas por provincias —por ejemplo, 19% para Buenos Aires, 9% para Córdoba, 2% para La Rioja—, sin que haya otro criterio más que las demandas contrapuestas de las gobernaciones provinciales. Debe aclararse que la distribución primaria hace referencia a todos los recursos coparticipables que el gobierno nacional transfiere a las provincias en su conjunto, y la distribución secundaria se refiere a la manera en que se reparte la riqueza disponible para las provincias entre ellas.

La característica concentradora se da desde mediados de los ’70; en la década menemista se complicó el panorama aún más para las provincias, ya que la Nación les transfirió los servicios de educación y salud que aún quedaban en su jurisdicción. Para ello modificó la coparticipación primaria, deslegitimando la ley sancionada en 1988, es decir que los recursos que les daba por un lado se los quitaba por el otro. Hecha la ley, hecha la trampa.

Los gobiernos provinciales dependientes del dinero que la Nación le otorga, según el porcentaje que le corresponde, deben afrontar los gastos que la administración de una comarca implica. El desfinanciamiento que el poder central genera en el interior, tras el manejo de la coparticipación según los intereses de turno o los arreglos con tal o cual gobernador, trae aparejado consecuencias gravísimas, sobre todo las que se reflejan en la prestación de los servicios públicos de primera necesidad: salud y educación. Tal es el caso de la situación de Entre Ríos, donde luego de la crisis de 2001 se intensificó este desfinanciamiento. Partiendo de lo general, llegaremos a lo particular tomando como ejemplo el sistema de salud en la provincia.

Silencio, hospital….

Subiendo escalones, luego de cruzar la transitada calle a su frente, nos encontramos con una de las casas de la salud, donde cada niño que carece de ella, sea por causa natural o por alguna imprudencia típica de la edad, acude a buscarla. En mesa de entrada, nos encontramos con una larga cola donde muchos ya demuestran su impaciencia; enfermeros y enfermeras que vienen y van; y claro, no pueden faltar aquellas familias que, tratando de no desesperar, esperan el turno correspondiente a su pequeño. Padres apurados, cansados, otros muy nerviosos, y en algunos casos tristes, se ven deambular al entrar. Algunos con sus hijos que junto a ellos, con expresiones de aflicción seguramente a causa de la enfermedad, accidente o síntoma que los llevó a aquel lugar, perseveran para ser atendidos. Esa fue la postal de aquella entrada en el ingreso al hospital San Roque, ubicado en calle La Paz de la ciudad de Paraná.

El sistema de salud en nuestra provincia ha colapsado. En los hospitales, además del problema del personal que está mal pago, la situación es dramática por la falta de insumos y las demoras en pago a proveedores.

La salud está consagrada en el artículo 42 de la Constitución Nacional como un derecho que cada ciudadano tiene, y es un deber del Estado asegurarlo. Pero distintos intereses sectoriales que dificultan los consensos necesarios y juegos políticos de baja categoría, generan condiciones que impiden la efectividad de las acciones y, peor aún, excluyen a los más necesitados.

Nuestra provincia, como todas las demás, transfiere a la Nación sus recursos como lo establece la ley vigente, pero recibe a cambio bajos presupuestos con los que debe hacerse cargo del gasto público. La salud es un servicio que, desde la transferencia al gobierno provincial, debe ser atendido por dicha jurisdicción. Lo curioso es que mantener un hospital que cumpla con las características necesarias requiere de mucho dinero, más del que el “acotado” reparto del capital nacional brinda.

La situación en Entre Ríos no difiere demasiado de lo que pasa en el resto del país. Entre Ríos tiene 68 hospitales y unos 260 centros de salud, y cubre al 53% de la población de la provincia que carece de obra social, según los datos obtenidos en un informe del diario La Gaceta. Los profesionales de la salud sostienen que el presupuesto es acotado y que se trabaja sobre la coyuntura y consideran que, si bien el sistema responde a la demanda, podría prestarse un servicio de más calidad con una política de Estado a largo plazo, profesionales mejor remunerados y formación de recursos humanos en especialidades hoy "críticas". En tanto, el Secretario de Salud de la Provincia admite que el presupuesto es poco y considera que por este motivo el Estado debe ir poniéndose objetivos de cumplimiento en el corto plazo.

El periodista Daniel Tirso Fiorotto, comenta sobre el escaso presupuesto que destina el poder central al territorio entrerriano y remarca la importancia del derecho a que el Estado nos satisfaga las necesidades básicas. “Entonces —dice Fiorotto— el problema no radica en que nos dé dinero que no es del Presidente, y que en realidad manda en forma mucho más abundante y desproporcionada a otras provincias como la suya, Santa Cruz, exactamente del mismo modo que lo hacía Menem con La Rioja; el problema está en la estructura de poder, en desconocer lo que dicen la Constitución y las instituciones. Eso es lo grave. Entonces, el que tiene dinero abre el grifo según las simpatías, y así lo único que se construye es autocracia y centralismo, unitarismo. Argentina es un país federal o no es un país. Las provincias son anteriores, son fundadoras”.

Lo que es más grave en determinadas ocasiones es que se hace política con la salud en vez de aplicar políticas de salud, es decir, se recurre a nombramientos inadecuados, contratos que sirven para mantener la clientela política, creación de Centros de Salud en lugares al sólo efecto de satisfacer el compromiso electoral, entre otras perversidades. Puede haber, naturalmente, casos de excepción. Los recursos destinados deben ser considerados una inversión, no un gasto. Es por eso que se hace casi constitutiva la existencia de estos “parásitos vende-ética” que por unas monedas no son capaces de reclamar y brindar lo justo para todos.

Todo lo que no se reclama pasa a ser parte de lo que solemos llamar “común”, pero en el sentido de la naturalización de ese problema. El que todo nos parezca algo que “siempre pasó”, que “siempre tuvo problemas”, que “con lo que se tiene se la rema”, es alarmante. Ver crecer una Nación a costa de los recursos de las provincias y, sobre todo, que con todo el dinero disponible los servicios básicos, como la salud en este caso, estén a punto de derrumbarse todos los días, indigna… y demasiado. La provincia de Entre Ríos, sumida en una gran deuda, debe contentarse en recibir monedas a cambio del dinero que se lleva el Estado Central de sus recursos. El desfinanciamiento produce agujeros que no se pueden coser sin que algunas cuestiones queden relegadas. Lo penoso es que siempre termina siendo un problema para el pueblo, para todos aquellos que no tienen voz, pero que de vez en cuando —y que es cuando algo cambia— tienen voto.

Evelyn Firpo y Micaela Ledesma Stronatti

Octubre de 2008

Economía para todos

A continuación, intentaremos realizar un recorrido por algunas nociones y conceptos que consideramos fundamentales para entender la economía. Los temas que se expondrán sobre las cuestiones vinculadas al capitalismo y su entorno están incididos por una visión subjetiva, como cualquier explicación existente, y por ello nadie puede garantizar la verdad de una u otra visión; cada uno debe reconstruir la suya, según le parezca más razonable y más fundamentada.


Sociedad y Economía

Para llevar adelante la lucha por la supervivencia, adaptar la naturaleza a nuestras necesidades y producir los bienes y servicios necesarios, se requiere realizar una actividad que no es individual, sino social, y a la que denominamos actividad económica. Esa es la razón por la cual nuestro enfoque de la economía es un enfoque humano, en el sentido de que el motivo principal, el fin último de la actividad económica, es generar la base material que le permita vivir mejor al conjunto de la sociedad. Por eso, cuando analizamos la bondad de un sistema, de un plan, de una política o de una medida económica, observamos si contribuye a mejorar la calidad de vida de la gente. Ese es el criterio básico para nuestro análisis. Claro que, cualquier sociedad donde exista la división del trabajo y la especialización, necesita una forma de organización que movilice a sus integrantes, ordene su acción, y defina de qué manera se van a resolver los grandes interrogantes: qué producir, cómo producir y cómo distribuir lo producido socialmente.


Economía de mercado y capitalismo

En nuestra sociedad capitalista, quien decide eso es el empresario. Este dispone de un capital que le permite acceder a distintos medios de producción, aunque para ponerlos en funcionamiento necesita trabajadores, aquellas personas que no tienen medios de producción de su propiedad, por lo que deben vender su fuerza de trabajo para conseguir ingresos y así adquirir los bienes y servicios necesarios para sobrevivir.

¿Cómo se logra en ese marco (si cada empresario puede producir lo que desea) que se produzca a nivel global de manera que haya disponibilidad de los bienes y servicios necesarios, y que no se generen grandes desequilibrios? Es decir, cómo evitar, por ejemplo, que todos produzcan lo mismo (y que haya un exceso) y que falten otros bienes esenciales. Serán los mecanismos del mercado, a través de los precios, los que orientarán las decisiones del empresario, que actuará con libertad limitada y condicionado por las lógicas del sistema. Esas lógicas surgen de un factor fundamental, característico del capitalismo, que es la competencia. Ésta determinará, más allá de la voluntad individual de cualquier agente económico, las conductas de todos los que intervengan en este sistema. La competencia llevará a que cualquier persona que inicie una actividad económica deba luchar por sobrevivir, para lo cual deberá buscar eliminar a sus competidores ganándoles mercados y clientes. Esas son las “reglas de juego” del mercado capitalista.

Por lo tanto, la búsqueda de la máxima ganancia se convierte, por una presión del sistema, en la prioridad absoluta de cualquier empresario (más allá de su voluntad individual). Cualquier otro factor o consideración se subordina al fin principal de la rentabilidad. Aunque se trate de dejar de lado cuestiones humanitarias o de cualquier otra índole. El empresario individual no tiene opción: o gana, invierte y se hace más competitivo, o lo hará mejor su competidor y lo desplazará. La producción de bienes y servicios en esta sociedad, no estará guiada por la satisfacción de las necesidades de todos los seres humanos, sino que sólo se producirá para satisfacer necesidades solventes, es decir, sólo las de aquéllos que tengan capacidad adquisitiva. Quienes no tengan ingresos por cualquier circunstancia (desocupados, ancianos, enfermos, menores, etc), no existen para el mercado. Y si no hubiera otras vías de acceder a bienes que son indispensables para la vida, esos seres humanos estarían condenados a morir. Este mecanismo, si bien obliga a tener un comportamiento centrado en mejorar y ampliar la producción, provoca grandes males desde el punto de vista social y ambiental, ya que todo se supedita a la lucha por obtener la máxima ganancia. En tal caso, si se desea evitar esos impactos negativos, serán necesarias fuerzas “extra mercados” que operen para evitar males mayores.

Dicho proceso va a ir generando diferentes consecuencias. Por un lado, una tendencia a la concentración económica, con pocas empresas cada vez más grandes (a costa de muchas que van quedando en el camino, golpeadas por la competencia), y con crecientes desigualdades sociales. Por otro lado, se van generando otros males, que la lógica pura del mercado no va a solucionar (sino que va a agravar), ya que es la causa generadora. Así, el desempleo, la exclusión, la pobreza y otros males que afectan a sectores importantes de la sociedad, van a ser una característica del funcionamiento de este sistema de mercado autorregulado; y si la sociedad desea evitarlos tendrá que actuar sobre el propio sistema económico, modificándolo. También esa lógica irracional, de producir para ganar, para producir más para ganar más, no se detiene frente a la depredación ambiental que genera, ya sea por la destrucción en gran escala de recursos no renovables, o por la eliminación de desechos contaminantes que la naturaleza no alcanza a procesar.


Economía, riqueza, relaciones sociales y estructura social

Para realizar una actividad económica en el marco de nuestro sistema capitalista, el empresario tiene que invertir su dinero en los elementos necesarios para producir. Su objetivo es lograr dinero al cabo de su actividad, pero en un monto mayor al invertido, obteniendo así una ganancia. Una vez logrados los elementos necesarios y contratados los trabajadores, el empresario pondrá en marcha el proceso de producción. Finalmente, con el bien o servicio final obtenido, vuelve al mercado para vender su producto y hacerse nuevamente de dinero. Con la ganancia obtenida el empresario deberá tomar una parte para su consumo, pero guardará un monto para volver a invertir en la actividad económica. Pero además de generarse y distribuirse riqueza, en todo el recorrido realizado por el capitalista también se generaron nuevas relaciones sociales (el empresario con los proveedores, los dueños de los inmuebles, los trabajadores, los comerciantes, los consumidores finales). De este modo, junto a una determinada estructura económica, con división del trabajo y especialización, con sectores y ramas diferentes (agro, industria, comercio, finanzas, etc) se va conformando una determinada estructura social.

La dinámica de cualquier sistema capitalista mostrará siempre una tendencia a la lucha competitiva y a la búsqueda de la máxima ganancia, y a la reinversión de una parte sustancial de esta última para mejorar la capacidad competitiva. Esto dará como resultado una ampliación de la producción y de la capacidad productiva del sistema, lo que de mantenerse llevará al crecimiento económico. Pero también sucede, en todo sistema capitalista, que el crecimiento es una tendencia no lineal, sino cíclica. Esto es, habrá momentos donde las condiciones llevan a una mayor producción, ocupación, ganancias, demanda, etc; y habrá otros donde aparecen obstáculos que producirán un freno de la economía y una eventual crisis. Muchos perderán y algunos saldrán gananciosos y fortalecidos, en nuevas vueltas del proceso de concentración. En la dura competencia capitalista no todos están en iguales condiciones. Las diferencias sociales se harán más pronunciadas y los males del capitalismo se irán agravando progresivamente.


Estado, política, cultura y medios

Es indudable que si la lógica pura de la competencia rigiera la totalidad de las relaciones sociales en el capitalismo, habría una tendencia hacia la autodestrucción de la naturaleza y del propio género humano. La depredación generada por los mega emprendimientos, que sólo buscan la máxima ganancia, no tendría ningún límite y los cada vez más amplios sectores de la población sin recursos no podrían acceder a los bienes y servicios necesarios para su subsistencia. Pero más allá de que muchas de estas características se van extendiendo en todo el planeta, existen elementos que han servido para atemperar la competencia impersonal y salvaje del mercado. Por un lado, instituciones y culturas que se basan en la solidaridad y la cooperación permiten la vida de quienes no tienen ingresos propios. Por otro lado, el Estado, que con su actuación interviene en la vida social y modifica las conductas y comportamientos de sus integrantes, dado el poder que posee para actuar y orientar muchos acontecimientos, incluida la propia actividad económica.

Más allá de la visión idílica del Estado como la representación del conjunto de la sociedad, la realidad muchas veces nos muestra otra cosa. A través de las decisiones estatales es posible mejorar la realidad de la gran mayoría de la población, pero también actuar para unos pocos. Pero ¿por qué el Estado no representa al conjunto de la población? Porque éste es un espacio más de disputa entre las clases y sectores que componen una sociedad. Y esas clases y sectores que compiten denodadamente en el marco de la economía, también luchan por el control del Estado para que éste sirva a sus intereses. Depende de quién llega al gobierno, del poder de presión de los grupos y sectores, de la mayor o menor participación ciudadana en las decisiones, etc, que un Estado funcione en beneficio de la gran mayoría o de una minoría.

La dinámica de la competencia salvaje, la concentración y la depredación, se puede modificar con acciones políticas (leyes, medidas, disposiciones, regulaciones, etc). El tema es ¿cómo y con qué sentido se modifica la realidad? Para ello hay que analizar las políticas públicas. Y también cómo funciona el sistema político.

En un régimen democrático, se supone que la población elige libremente a sus gobernantes, que serán sus representantes y que buscarán actuar en beneficio del conjunto. Como la lógica política indica que quienes llegan al poder buscan permanecer en el mismo el mayor tiempo posible, se supone que tratarán de gobernar en beneficio de las mayorías, para luego ser votados por el pueblo. Aunque no siempre será así, ya que muchas veces el poder de ciertos sectores minoritarios es de tal magnitud que amenaza con la estabilidad del gobierno y de la propia democracia. En tal caso, esas minorías usarán ese poder no sólo para dominar el mercado, sino para condicionar las decisiones políticas y orientar la gestión del gobierno en su propio beneficio. Y el problema para los políticos y el sistema de partidos en su conjunto será entonces un doble desafío: cómo gobernar a favor de quienes tienen el poder, para mantener la gobernabilidad y no sufrir su boicot, y a la vez cómo lograr el apoyo y la credibilidad de la gente para volver a ser votados y mantenerse en el gobierno con el consenso mayoritario. Por esa razón, tanto el sistema capitalista, donde unos pocos van concentrando la riqueza y el poder, como el sistema político que está a su servicio, necesitan legitimarse. Esto es, que la sociedad y sus sectores mayoritarios crean que ese es el mejor modo de organización, que esa economía es la mejor manera para producir y distribuir lo que se necesita para vivir mejor, que los males sociales que se generan no son tan malos, que no hay un modo más eficaz que reemplace a este sistema. Además, que quienes nos gobiernan son la mejor opción, o la menos mala, y que si no nos conformamos con eso vendrá el caos y el desorden y perderemos aún más.

Para que pensemos de ese modo es fundamental el rol que juegan los grandes medios de (in)comunicación y (des)información. Son los que naturalizan los males, justifican las atrocidades y permiten que se pueda seguir con este círculo vicioso de corrupción y explotación. Entonces, sin darnos cuenta de lo que pasa en la realidad, nuestro sistema de valores se va adaptando al salvajismo de la economía de mercado capitalista, el egoísmo de esa competencia se traslada al resto de las relaciones sociales, la cultura del “sálvese quien pueda”, del “no te metas”, de despreocuparse de lo que suceda a nuestros semejantes, se asume naturalmente.

Historia - La crisis de 1929

La Gran Guerra de 1914 a 1918 dejó un saldo pavoroso de muertos, heridos y destrucción material en casi toda Europa, sobre todo en los países beligerantes: Alemania, Francia, Rusia y Gran Bretaña. Provocó grandes conmociones políticas y sociales. Estalló la Revolución Rusa (1917) que culminó con la organización del primer Estado Socialista del mundo, denominado Unión Soviética. Hubo un clima revolucionario en la posguerra, con movilizaciones obreras y socialistas que fueron controladas por los sectores dominantes, originando gobiernos totalitarios de derecha como el fascismo en Italia.
La economía europea quedó tan maltrecha que perdió su hegemonía frente a los Estados Unidos. Durante medio siglo, la economía norteamericana había crecido a un ritmo colosal, especialmente su industria. Mientras Europa había sufrido una enorme destrucción por haber sido escenario de la guerra, los Estados Unidos salieron ampliamente favorecidos por la contienda. Fue el gran vencedor. Antes del conflicto, era deudor de Europa; después, fue su acreedor. En la posguerra, realizó importantes inversiones, y consiguió créditos para recomponer la economía europea y buscar una solución a las compensaciones dispuestas por los Tratados de Paz.
Los norteamericanos vivían una época de extraordinaria bonanza. Hacia 1928, su producción industrial alcanzaba el 48 % del total mundial, más del 15% de las exportaciones, y acumulaba la mayor reserva de oro del mundo. Su economía crecía incesantemente y todos confiaban un futuro venturoso. Esta presunción, desconocía o negaba de plano que el capitalismo tiene un comportamiento cíclico, con momentos de expansión y auge que terminan en una crisis. Estas son de distinta intensidad: algunas pueden ser superadas sin grandes cambios —como las crisis cíclicas del siglo XIX, que dieron lugar a un constante proceso de concentración del capital—; otras, más profundas, requieren reformas de fondo dentro del sistema, como la crisis de 1929 (y probablemente ésta, de 2008).

El aumento de la producción norteamericana empezó a encontrar un límite en la demanda. Se creyó que la solución estaba en la multiplicación de la venta a créditos. La economía quedó empapelada mientras la superproducción siguió superando, ampliamente, a la demanda.
A fines de octubre de 1929 estalló la crisis en Wall Street. Las acciones cayeron en picada, dramáticamente, y arrastró a toda la economía norteamericana. Produjo la crisis más grave sufrida por el sistema capitalista en cinco siglos: decenas de miles de empresas quebraron, millones de trabajadores perdieron su empleo, la producción y los precios cayeron abruptamente.
Siendo el capitalismo un sistema mundial, si su principal engranaje se había roto, toda la maquinaria debía quedar afectada: los países industrializados de Europa, sus colonias y toda América Latina. Sólo la Unión Soviética escapó de la catástrofe.
Le sucedió la Gran Depresión. La irracionalidad del Sistema Capitalista se mostró con toda su brutalidad: mientras millones de norteamericanos sufrían hambre, eran sacrificados sin provecho miles de animales y quemadas miles de toneladas de granos alimenticios para mantener los precios. Transcurrieron años antes de encontrarse la salida. Recién hacia 1933, el presidente Franklin Roosevelt puso en práctica el New Deal (Nuevo Trato) en base a ideas keynesianas. El Estado pasaba a ocupar un lugar central en el ordenamiento de la economía. Apareció el Estado dirigista, proteccionista, regulador, que maneja las divisas y crea fuentes de trabajo para hacer crecer la demanda y el consumo. Y los monopolios resultaron fortalecidos.

En América Latina, la crisis tuvo repercusiones políticas además de las económicas. Proliferaron los golpes militares. En la Argentina, se produjo el primer alzamiento militar exitoso del siglo XX. El 6 de septiembre de 1930 el presidente Hipólito Yrigoyen fue derrocado, así como todas las autoridades legítimas, ya fueran nacionales, provinciales o municipales. La crisis económica no fue la única causa del golpe militar encabezado por el Gral. Uriburu, que devolvió el poder político a la clase dominante tradicional. Ésta, posiblemente se convenció de que, por métodos legales —elecciones limpias—, nunca derrotaría al radicalismo. Una vez recuperado el poder, esta clase conservadora y liberal, también introdujo reformas keynesianas al sistema. Es decir, fundó en la Argentina el Estado dirigista, proteccionista y regulador.
En circunstancias tan críticas, excepcionales, el estatismo salvó el capitalismo. ¿Lo salvará nuevamente en el 2008? ¿Otra vez las pérdidas serán socializadas y después, las ganancias, quedarán privatizadas?

Juan Antonio Vilar