domingo, 14 de junio de 2009
La clase obrera en la Argentina
El historiador especialista en el estudio del movimiento obrero, Dr. Roberto Tarditi, visitó el sábado 16 de mayo la ciudad de Paraná para dictar la primera de las cuatro reuniones pactadas del seminario La clase obrera y el movimiento obrero en Argentina y el contexto latinoamericano (1878-2009), organizado por AGMER (Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos) y el Proyecto de Extensión Por una Nueva Economía, Humana y Sustentable. Una vez finalizado el encuentro, Tarditi accedió amablemente a ser entrevistado.
—Hay quienes argumentan que la clase obrera ya no existe. ¿Usted qué piensa? ¿Quiénes cree que constituyen hoy la clase obrera?
La idea es falsa. Toda la riqueza, o por lo menos la amplísima mayoría de ella, pasa por las manos de los trabajadores, desde la luz que nos ilumina, el papel, el trigo o la harina que consumimos. Es decir: la producción de la riqueza, recae sobre las manos de los trabajadores. Y el grueso de esos trabajadores, prácticamente la totalidad, son asalariados y están organizados: tienen sus sindicatos, se reconocen con sus organizaciones sindicales, forman parte de partidos políticos con influencia sobre la clase obrera, e intervienen en las luchas; son los que se movilizan, cortan calles y hacen huelgas, dándole una continuidad a la lucha a lo largo del tiempo en la historia argentina. Y son los que concurren cuando hay grandes movilizaciones, convocadas generalmente por las centrales sindicales. Hace poco, por ejemplo, el día previo al 1º de mayo, la CGT (Confederación General del Trabajo) convocó a un acto donde los trabajadores participaron. Este no fue el único: al día siguiente hubo un acto en la Plaza de Mayo y otro en la Plaza Lorea, donde se recordaban los cien años de la Semana Roja —otro hecho protagonizado por los trabajadores, el 1º de mayo de 1909 —. Es decir, que este argumento— el de quienes sostienen que la clase obrera ya no existe— forma parte de una batalla del enemigo de la clase obrera, un ataque en profundidad: han logrado crear una situación por la cual pueden plantear ese argumento.
—¿Cuáles son esas condiciones que generó el enemigo para poder decir que no existe la clase obrera?
En primer lugar, tienen una fuerza organizada y centralizada muy poderosa para intervenir sobre la conciencia de la población, especialmente a través de los grandes medios de comunicación, pero también por medio de otros aparatos ideológicos del Estado: eso se difunde también a través de la Iglesia, del sistema jurídico, de la escuela y del sistema de salud. Buscan convencer a la población, en este debate en el plano de la conciencia, de que la clase obrera no existe, negando algo que la realidad se encarga de mostrar día a día.
—Las fábricas recuperadas, ¿qué vinieron a aportar a los trabajadores?
Las fábricas recuperadas ponen a los trabajadores en la posición de, en primer lugar, conseguir los medios de vida bajo prácticamente las únicas posibilidades que se les presentan: en este caso es agruparse de manera cooperativa y hacer lo que siempre han hecho, que es trabajar. Creo que eso es lo que mueve a los trabajadores que participan en esta experiencia. Esto tiene el componente muy importante —aunque no el único en la historia de la clase obrera argentina— de que los trabajadores son propietarios de los medios de producción, en la medida en que logran constituirse como cooperativa. Tiene ese “socialismo en potencia”. Y yo creo que a este ejemplo contagioso, el de los obreros que pueden producir sin patrones y de hecho lo están haciendo, el mismo aparato que decíamos que niega su existencia no hace referencia. Es muy poco lo que trasciende sobre cómo funcionan las empresas recuperadas y la presión judicial, policial y política que sufren los trabajadores. Y sobre todo la presión económica: hay un boicot por parte de los propietarios del capital, en algunos casos, que consiste en no abastecerse con los productos hechos en las empresas recuperadas.
Bibliografía sugerida y trabajada en el seminario:
-Iñigo Carrera, Nicolás, La estrategia de la clase obrera 1936.
-Gramsci, Antonio; Análisis de las situaciones. Relaciones de fuerza, en Notas sobre Maquiavelo.
martes, 9 de junio de 2009
Entre Ríos: Pobreza, saqueo y obsecuencia K
Las relaciones financieras entre la Nación y las provincias se han caracterizado durante los últimos 20 años por un proceso sistemático de saqueo de la riqueza y de los recursos por parte del Estado central, que actuó como intermediario y gestor de los intereses más poderosos de la Argentina.
Durante la década del ’90, el justicialismo menemista a nivel nacional promovió un modelo económico y social de concentración, extranjerización y creciente desigualdad distributiva, para lo cual se valió también de la apropiación de gran parte de los recursos que pertenecen a las provincias argentinas. Lo hizo en violación no sólo de las leyes vigentes, sino también de la Constitución Nacional y del régimen Federal de gobierno.
Reflejo de esa política de saqueo y funcional a la misma, los gobiernos justicialistas de nuestra provincia (con hegemonía del bustismo) permitieron esa apropiación, con una actitud obsecuente hacia la orientación neoliberal de Menem y Cavallo, apoyando con medidas propias la entrega de recursos que nos pertenecían legítimamente. Eso significó para Entre Ríos la pérdida de alrededor de dos mil millones de pesos/dólares entre los años 1992 y 1999 (cuyo Estado acumulaba para entonces una deuda total de 850 millones de pesos/dólares).
Cuando la convertibilidad entra en crisis (2001-2002) muchas provincias (entre ellas la nuestra) deben emitir cuasi monedas para afrontar las dificultades fiscales. En el caso del Bono Federal, que se emitió por un valor de 250 millones de pesos, se evidencia la gran responsabilidad compartida del justicialismo a nivel nacional y provincial, que creó las condiciones para que desembocáramos en esa lamentable y dramática situación (por ejemplo, lo que Entre Ríos perdió por violación a los porcentajes de la distribución primaria de la ley de coparticipación vigente, representaba un 800 % del valor de los bonos que debió emitir para afrontar obligaciones fiscales). /1
En lo que llevamos de este nuevo siglo, la historia continúa y el saqueo se profundiza. Y los responsables de esta situación siguen siendo los mismos actores: el justicialismo K a nivel nacional (continuación del menemismo) y el justicialismo bustista a nivel provincial.
La continuidad de la entrega de nuestros recursos (en violación de las leyes y de la Constitución Nacional) permite que cada año Entre Ríos deje de recibir fondos por más de $ 1.100 millones, sin que sus gobernantes hagan siquiera un mínimo reclamo al Gobierno nacional y renunciando a la defensa de nuestros legítimos intereses.
A esa cifra se suma el incumplimiento del artículo 7º de la ley de coparticipación, por lo cual esta provincia dejó de percibir entre el 2002 y el 2008 más de $ 500 millones (monto que tampoco se ha reclamado legalmente como corresponde).
Pero el saqueo de los recursos entrerrianos se ha profundizado desde el año 2002, cuando el Estado Nacional impuso las retenciones a las exportaciones agropecuarias, que no son coparticipadas con las provincias productoras, y que para el año 2008 significaron que el sector agrícola de Entre Ríos aportara más de $ 2.000 millones, sin recibir nada a cambio.
Coparticipación: Lo más importante es la distribución primaria /2
Si bien es cierto que existen sectores dentro del territorio provincial que tiene suficiente capacidad contributiva y es muy poco lo que aportan al fisco entrerriano (situación cuya responsabilidad está también en el mismo gobierno), es indudable que la principal fuente de ingresos para reforzar las limitadas finanzas públicas de la provincia reside en los cuantiosos recursos que se lleva la Nación. Máxime teniendo en cuenta que son cada vez menos los servicios que presta el Estado central a nuestra población, ya que la gran mayoría de los mismos está a cargo del Estado provincial y las Municipalidades (justicia, educación, salud, seguridad, asistencia alimentaria y habitacional, preservación de la infraestructura pública, etc).
¿Por qué razón la clave está en la distribución primaria de los impuestos coparticipados? Según la ley vigente Nº 23.548, los impuestos coparticipados son aquéllos que acuerdan la Nación y las provincias de unificar su recaudación y distribuirlos en un determinado porcentaje: al Estado nacional le corresponde un 44 % del total recaudado, y a los Estados provinciales el 56 % restante (se trata de la llamada distribución primaria). Luego las provincias se reparten entre sí la porción que les toca, en función de criterios acordados en la ley (es la distribución secundaria).
Pero sucede que los cambios operados a la mencionada ley (y avalados por nuestros gobernadores), dan como resultado una situación absurda: del total de la recaudación tributaria nacional (sin contar los impuestos al comercio exterior ni las contribuciones a la seguridad social), el conjunto de las provincias reciben en concepto de Coparticipación Federal (distribución primaria) menos del 30% (el 29,97 %, el 29,06 % y el 27,67 %, en los años 2007, 2008 y Enero-Abril de 2009). /3
Queda claro, entonces, que los recursos que debería recibir Entre Ríos en forma automática por Coparticipación, son casi el doble de lo que recibe en la realidad. Ello significa que nuestra provincia, sólo en el año 2008, habría dejado de percibir alrededor de $ 2.500 millones. Todo esto sin considerar lo que aporta como impuestos a las exportaciones agrícolas, que sólo capta la Nación.
La contratara de esta actitud de obsecuencia hacia las políticas nacionales del gobierno K, es la insuficiencia de recursos para afrontar las erogaciones que demanda mantener la prestación de servicios públicos indispensables para la gran mayoría de la población entrerriana, que se encuentran en un lamentable estado de deterioro, agravando las dificultades que soportan las decenas de miles de comprovincianos que viven en la pobreza y en la indigencia.
1/ Lafferriere, Luis. “El desfinanciamiento del sector público en la provincia de Entre Ríos”. 2003.
2/ Lafferriere, Luis. “Coparticipación. Lo central es la distribución primaria”. 2006.
3/ Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos – Senado de la Nación. “Boletín” Nº 5 y Nº 9.
Durante la década del ’90, el justicialismo menemista a nivel nacional promovió un modelo económico y social de concentración, extranjerización y creciente desigualdad distributiva, para lo cual se valió también de la apropiación de gran parte de los recursos que pertenecen a las provincias argentinas. Lo hizo en violación no sólo de las leyes vigentes, sino también de la Constitución Nacional y del régimen Federal de gobierno.
Reflejo de esa política de saqueo y funcional a la misma, los gobiernos justicialistas de nuestra provincia (con hegemonía del bustismo) permitieron esa apropiación, con una actitud obsecuente hacia la orientación neoliberal de Menem y Cavallo, apoyando con medidas propias la entrega de recursos que nos pertenecían legítimamente. Eso significó para Entre Ríos la pérdida de alrededor de dos mil millones de pesos/dólares entre los años 1992 y 1999 (cuyo Estado acumulaba para entonces una deuda total de 850 millones de pesos/dólares).
Cuando la convertibilidad entra en crisis (2001-2002) muchas provincias (entre ellas la nuestra) deben emitir cuasi monedas para afrontar las dificultades fiscales. En el caso del Bono Federal, que se emitió por un valor de 250 millones de pesos, se evidencia la gran responsabilidad compartida del justicialismo a nivel nacional y provincial, que creó las condiciones para que desembocáramos en esa lamentable y dramática situación (por ejemplo, lo que Entre Ríos perdió por violación a los porcentajes de la distribución primaria de la ley de coparticipación vigente, representaba un 800 % del valor de los bonos que debió emitir para afrontar obligaciones fiscales). /1
En lo que llevamos de este nuevo siglo, la historia continúa y el saqueo se profundiza. Y los responsables de esta situación siguen siendo los mismos actores: el justicialismo K a nivel nacional (continuación del menemismo) y el justicialismo bustista a nivel provincial.
La continuidad de la entrega de nuestros recursos (en violación de las leyes y de la Constitución Nacional) permite que cada año Entre Ríos deje de recibir fondos por más de $ 1.100 millones, sin que sus gobernantes hagan siquiera un mínimo reclamo al Gobierno nacional y renunciando a la defensa de nuestros legítimos intereses.
A esa cifra se suma el incumplimiento del artículo 7º de la ley de coparticipación, por lo cual esta provincia dejó de percibir entre el 2002 y el 2008 más de $ 500 millones (monto que tampoco se ha reclamado legalmente como corresponde).
Pero el saqueo de los recursos entrerrianos se ha profundizado desde el año 2002, cuando el Estado Nacional impuso las retenciones a las exportaciones agropecuarias, que no son coparticipadas con las provincias productoras, y que para el año 2008 significaron que el sector agrícola de Entre Ríos aportara más de $ 2.000 millones, sin recibir nada a cambio.
Coparticipación: Lo más importante es la distribución primaria /2
Si bien es cierto que existen sectores dentro del territorio provincial que tiene suficiente capacidad contributiva y es muy poco lo que aportan al fisco entrerriano (situación cuya responsabilidad está también en el mismo gobierno), es indudable que la principal fuente de ingresos para reforzar las limitadas finanzas públicas de la provincia reside en los cuantiosos recursos que se lleva la Nación. Máxime teniendo en cuenta que son cada vez menos los servicios que presta el Estado central a nuestra población, ya que la gran mayoría de los mismos está a cargo del Estado provincial y las Municipalidades (justicia, educación, salud, seguridad, asistencia alimentaria y habitacional, preservación de la infraestructura pública, etc).
¿Por qué razón la clave está en la distribución primaria de los impuestos coparticipados? Según la ley vigente Nº 23.548, los impuestos coparticipados son aquéllos que acuerdan la Nación y las provincias de unificar su recaudación y distribuirlos en un determinado porcentaje: al Estado nacional le corresponde un 44 % del total recaudado, y a los Estados provinciales el 56 % restante (se trata de la llamada distribución primaria). Luego las provincias se reparten entre sí la porción que les toca, en función de criterios acordados en la ley (es la distribución secundaria).
Pero sucede que los cambios operados a la mencionada ley (y avalados por nuestros gobernadores), dan como resultado una situación absurda: del total de la recaudación tributaria nacional (sin contar los impuestos al comercio exterior ni las contribuciones a la seguridad social), el conjunto de las provincias reciben en concepto de Coparticipación Federal (distribución primaria) menos del 30% (el 29,97 %, el 29,06 % y el 27,67 %, en los años 2007, 2008 y Enero-Abril de 2009). /3
Queda claro, entonces, que los recursos que debería recibir Entre Ríos en forma automática por Coparticipación, son casi el doble de lo que recibe en la realidad. Ello significa que nuestra provincia, sólo en el año 2008, habría dejado de percibir alrededor de $ 2.500 millones. Todo esto sin considerar lo que aporta como impuestos a las exportaciones agrícolas, que sólo capta la Nación.
La contratara de esta actitud de obsecuencia hacia las políticas nacionales del gobierno K, es la insuficiencia de recursos para afrontar las erogaciones que demanda mantener la prestación de servicios públicos indispensables para la gran mayoría de la población entrerriana, que se encuentran en un lamentable estado de deterioro, agravando las dificultades que soportan las decenas de miles de comprovincianos que viven en la pobreza y en la indigencia.
Luis Lafferriere
1/ Lafferriere, Luis. “El desfinanciamiento del sector público en la provincia de Entre Ríos”. 2003.
2/ Lafferriere, Luis. “Coparticipación. Lo central es la distribución primaria”. 2006.
3/ Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos – Senado de la Nación. “Boletín” Nº 5 y Nº 9.
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