Informe - Más que un vuelto: la coparticipación y la salud pública

“Cuando se alza un poder ilegitimo, para legitimarlo basta reconocerlo”
(Anatole France. Premio Nobel de Literatura en 1921)



Las ballenas azules, que son los animales más grandes del mundo, se alimentan de los animales más pequeños como el plancton. Cada vez que tragan, son capaces de ingerir hasta una tonelada de esos animales microscópicos. En nuestra sociedad este fenómeno, propio de los animales, también se está volviendo natural entre los hombres. El pez grande que se come al más chico: situación que ocurre tanto en las relaciones personales como en la organización de un país. Argentina, nuestra nación, no está exenta de este tipo de depredación donde lo que se come son los recursos de los más pequeños, las provincias, en boca de un poder central y concentrador de las riquezas. En nuestro país la distribución de las ganancias se lleva a cabo fundamentalmente por medio del sistema de coparticipación federal de impuestos.

La coparticipación federal de los recursos estatales constituye un sistema concreto de repartición de una parte de los ingresos de la administración pública del Estado. Ciertos tributos son recaudados por la Nación y se distribuyen entre ésta y las administraciones provinciales de acuerdo a distintos regímenes que han ido cambiando con el tiempo. Esta organización está integrada por un conjunto de normas y procedimientos, que definen tres aspectos fundamentales:
—Qué impuestos se coparticipan.
—Qué proporción se distribuye entre la Nación y las provincias.
—Qué porcentaje se reparte entre las provincias.

Aclarado el procedimiento de la coparticipación en teoría, analicemos la práctica, que mucho deja que desear. El famoso conflicto del gobierno con el campo vislumbró la profunda inequidad fiscal del país. La dicotomía entre estos dos sectores “quedó atrás”, pero aquel contraste de una Nación plena de recursos frente a un interior asfixiado aún persiste. La coparticipación federal cada vez responde menos a su nombre, se vuelve día a día más unitaria; esta afirmación no sólo responde a un hoy, sino también a un mañana: según el presupuesto 2009, informado recientemente, sólo el 24,8% del total de la recaudación total se destinará a la coparticipación.

Que el Estado central tienda a apropiarse de los recursos de las provincias es consecuencia fundamental de dos objetivos altamente cuestionables: el pago de la deuda externa —en gran parte ilícita— y los subsidios a los grandes grupos empresarios. Para cumplir con esas dos finalidades, la Nación aplica aumentos de tarifas y retenciones elevadas, además de los impuestos regresivos. Y a la vez le quita a las provincias recursos que les corresponden legítimamente. Se suma a esta lista los famosos “recortes” a la salud y a la educación pública. Esto se resume en la política social de quitar a los que menos tienen y menos ganan, sin recibir a cambio beneficios simétricos.

La ley vigente de coparticipación de impuestos Nº 23.548, sancionada en 1988, contempla una distribución primaria de los ingresos tributarios coparticipados de un 57,66 % del total para las provincias, y del 42,34 % restante para la Nación, dictamen que difiere de la realidad que se percibe en los presupuestos establecidos año a año y en cada institución dependiente del Estado a la que acudimos. La repartición secundaria se realiza a partir de entonces de acuerdo a tasas fijas por provincias —por ejemplo, 19% para Buenos Aires, 9% para Córdoba, 2% para La Rioja—, sin que haya otro criterio más que las demandas contrapuestas de las gobernaciones provinciales. Debe aclararse que la distribución primaria hace referencia a todos los recursos coparticipables que el gobierno nacional transfiere a las provincias en su conjunto, y la distribución secundaria se refiere a la manera en que se reparte la riqueza disponible para las provincias entre ellas.

La característica concentradora se da desde mediados de los ’70; en la década menemista se complicó el panorama aún más para las provincias, ya que la Nación les transfirió los servicios de educación y salud que aún quedaban en su jurisdicción. Para ello modificó la coparticipación primaria, deslegitimando la ley sancionada en 1988, es decir que los recursos que les daba por un lado se los quitaba por el otro. Hecha la ley, hecha la trampa.

Los gobiernos provinciales dependientes del dinero que la Nación le otorga, según el porcentaje que le corresponde, deben afrontar los gastos que la administración de una comarca implica. El desfinanciamiento que el poder central genera en el interior, tras el manejo de la coparticipación según los intereses de turno o los arreglos con tal o cual gobernador, trae aparejado consecuencias gravísimas, sobre todo las que se reflejan en la prestación de los servicios públicos de primera necesidad: salud y educación. Tal es el caso de la situación de Entre Ríos, donde luego de la crisis de 2001 se intensificó este desfinanciamiento. Partiendo de lo general, llegaremos a lo particular tomando como ejemplo el sistema de salud en la provincia.

Silencio, hospital….

Subiendo escalones, luego de cruzar la transitada calle a su frente, nos encontramos con una de las casas de la salud, donde cada niño que carece de ella, sea por causa natural o por alguna imprudencia típica de la edad, acude a buscarla. En mesa de entrada, nos encontramos con una larga cola donde muchos ya demuestran su impaciencia; enfermeros y enfermeras que vienen y van; y claro, no pueden faltar aquellas familias que, tratando de no desesperar, esperan el turno correspondiente a su pequeño. Padres apurados, cansados, otros muy nerviosos, y en algunos casos tristes, se ven deambular al entrar. Algunos con sus hijos que junto a ellos, con expresiones de aflicción seguramente a causa de la enfermedad, accidente o síntoma que los llevó a aquel lugar, perseveran para ser atendidos. Esa fue la postal de aquella entrada en el ingreso al hospital San Roque, ubicado en calle La Paz de la ciudad de Paraná.

El sistema de salud en nuestra provincia ha colapsado. En los hospitales, además del problema del personal que está mal pago, la situación es dramática por la falta de insumos y las demoras en pago a proveedores.

La salud está consagrada en el artículo 42 de la Constitución Nacional como un derecho que cada ciudadano tiene, y es un deber del Estado asegurarlo. Pero distintos intereses sectoriales que dificultan los consensos necesarios y juegos políticos de baja categoría, generan condiciones que impiden la efectividad de las acciones y, peor aún, excluyen a los más necesitados.

Nuestra provincia, como todas las demás, transfiere a la Nación sus recursos como lo establece la ley vigente, pero recibe a cambio bajos presupuestos con los que debe hacerse cargo del gasto público. La salud es un servicio que, desde la transferencia al gobierno provincial, debe ser atendido por dicha jurisdicción. Lo curioso es que mantener un hospital que cumpla con las características necesarias requiere de mucho dinero, más del que el “acotado” reparto del capital nacional brinda.

La situación en Entre Ríos no difiere demasiado de lo que pasa en el resto del país. Entre Ríos tiene 68 hospitales y unos 260 centros de salud, y cubre al 53% de la población de la provincia que carece de obra social, según los datos obtenidos en un informe del diario La Gaceta. Los profesionales de la salud sostienen que el presupuesto es acotado y que se trabaja sobre la coyuntura y consideran que, si bien el sistema responde a la demanda, podría prestarse un servicio de más calidad con una política de Estado a largo plazo, profesionales mejor remunerados y formación de recursos humanos en especialidades hoy "críticas". En tanto, el Secretario de Salud de la Provincia admite que el presupuesto es poco y considera que por este motivo el Estado debe ir poniéndose objetivos de cumplimiento en el corto plazo.

El periodista Daniel Tirso Fiorotto, comenta sobre el escaso presupuesto que destina el poder central al territorio entrerriano y remarca la importancia del derecho a que el Estado nos satisfaga las necesidades básicas. “Entonces —dice Fiorotto— el problema no radica en que nos dé dinero que no es del Presidente, y que en realidad manda en forma mucho más abundante y desproporcionada a otras provincias como la suya, Santa Cruz, exactamente del mismo modo que lo hacía Menem con La Rioja; el problema está en la estructura de poder, en desconocer lo que dicen la Constitución y las instituciones. Eso es lo grave. Entonces, el que tiene dinero abre el grifo según las simpatías, y así lo único que se construye es autocracia y centralismo, unitarismo. Argentina es un país federal o no es un país. Las provincias son anteriores, son fundadoras”.

Lo que es más grave en determinadas ocasiones es que se hace política con la salud en vez de aplicar políticas de salud, es decir, se recurre a nombramientos inadecuados, contratos que sirven para mantener la clientela política, creación de Centros de Salud en lugares al sólo efecto de satisfacer el compromiso electoral, entre otras perversidades. Puede haber, naturalmente, casos de excepción. Los recursos destinados deben ser considerados una inversión, no un gasto. Es por eso que se hace casi constitutiva la existencia de estos “parásitos vende-ética” que por unas monedas no son capaces de reclamar y brindar lo justo para todos.

Todo lo que no se reclama pasa a ser parte de lo que solemos llamar “común”, pero en el sentido de la naturalización de ese problema. El que todo nos parezca algo que “siempre pasó”, que “siempre tuvo problemas”, que “con lo que se tiene se la rema”, es alarmante. Ver crecer una Nación a costa de los recursos de las provincias y, sobre todo, que con todo el dinero disponible los servicios básicos, como la salud en este caso, estén a punto de derrumbarse todos los días, indigna… y demasiado. La provincia de Entre Ríos, sumida en una gran deuda, debe contentarse en recibir monedas a cambio del dinero que se lleva el Estado Central de sus recursos. El desfinanciamiento produce agujeros que no se pueden coser sin que algunas cuestiones queden relegadas. Lo penoso es que siempre termina siendo un problema para el pueblo, para todos aquellos que no tienen voz, pero que de vez en cuando —y que es cuando algo cambia— tienen voto.

Evelyn Firpo y Micaela Ledesma Stronatti

Octubre de 2008