La presidenta refuerza el mercado salvaje

En estos últimos meses han pasado muchas cosas preocupantes en la Argentina. Eso no es una novedad, para una sociedad que viene sufriendo un proceso de desintegración económica y social desde mediados de los años ‘70. Pero lo que quizás sea más preocupante es el giro cada vez más abierto que está tomando la política gubernamental, hacia una profundización del continuismo menemista en otro contexto (que es lo mismo que decir, una consolidación del proyecto de concentración, saqueo y genocidio).

Un viejo economista argentino (ya fallecido), Raúl Prebisch, afirmaba en su obra más destacada ("Capitalismo periférico – Crisis y transformación"), que el mercado era ciego desde el punto de vista social y ambiental. Con eso quería significar que la lógica pura del mercado capitalista se guía principalmente por la competencia y la búsqueda de la máxima ganancia, lo que obliga a quienes intervienen en la actividad económica a ser eficientes, a buscar mejoras en forma constante, a reinvertir las utilidades para ser más competitivo y, ante la disyuntiva de matar o morir, a luchar obviamente por la supervivencia (a costa de ganar mercados y de destruir al rival).

Esta lucha competitiva obliga a los empresarios a priorizar un objetivo central: lograr la mayor rentabilidad posible. De eso depende su presente y su futuro. Eso se traduce en que cualquier otra consideración se subordinará al objetivo fundamental de su actividad. Por esa razón, la lógica pura del mercado capitalista no contempla otros fines, como ser el cuidado del ambiente o los efectos negativos sobre los seres humanos. Precisamente, toda sociedad intenta poner límites a esa lógica salvaje, destructiva e inhumana del capitalismo, a través de regulaciones que impone desde el Estado, con políticas, normas e intervenciones sobre el "libre accionar de las fuerzas del mercado".

Lamentablemente, en la Argentina 2008, han sucedido muchos casos de intervención del Estado nacional, que en lugar de actuar para defender la preservación del ambiente o las mejoras sociales de la población desfavorecida, ha obrado en sentido contrario, profundizando los males del mercado salvaje. Tomamos dos hechos lamentables que tuvieron como protagonistas al gobierno kirchnerista.

Jubilados: la pobreza en el peor momento (…Cristina lo hizo I)

La Constitución Nacional en su artículo 14 bis reconoce un conjunto de derechos sociales, entre ellos de gozar de una jubilación móvil, derecho que fue reglamentado por una ley del año 1957 que disponía para el trabajador que se jubila un haber equivalente al 82% del salario que percibía hasta ese momento. Y ese haber luego se ajustaba en función de las variaciones del salario del personal en actividad. Es una manera de corregir una situación que si quedaba librada a las fuerzas del mercado llevaría a los ancianos a vivir en la miseria.

Si bien hubo algunos cambios posteriores que no alteraron la esencia de ese derecho, a mediados de los años ’90 el gobierno justicialista de Menem modificó la legislación previsional, y dispuso un haber inicial equivalente apenas al 52 % del salario percibido por el trabajador en actividad, además de eliminar la movilidad posterior ligada a los salarios activos, en abierta violación del derecho consagrado por nuestra Constitución. Llevado el problema ante la justicia, la Suprema Corte falló en forma sucesiva a favor de un jubilado damnificado (caso Badaro, años 2006 y 2007), y obligó no sólo a ajustar los haberes del reclamante en función de los aumentos salariales, sino que instó al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional a adecuar la ley vigente a lo dispuesto por nuestra Carta Magna.

Cumpliendo (en apariencias) con el fallo de la Suprema Corte, la Presidenta envió este año (2008) un proyecto al Parlamento, denominado de "movilidad previsional". Sin embargo, la norma establecía un mecanismo de actualización que no respetaba ni la Constitución Nacional, ni el fallo de la Corte. En su texto se incluye una fórmula tramposa que se utilizará para ajustar los haberes de los jubilados en forma semestral, donde en cada ajuste el porcentaje de actualización se va alejando de los aumentos que tengan los trabajadores en actividad, lo que llevará gradualmente a todos los haberes al nivel mínimo (que está muy por debajo del propio nivel de pobreza). Por lo tanto, si los jubilados actuales que perciben el haber mínimo representan más de 76 % del total, en el futuro serán cada vez más los que lleguen gradualmente a ese lamentable estado de deterioro.

Pero la situación es más grave aún que la legislación que impuso el gobierno de Menem y Cavallo en los ’90. Porque desde el 1º de enero del 2009, esa fórmula tramposa se aplicará también para el cálculo del haber inicial, cuando se estime el 52% del salario que tenía quien ha de jubilarse. Por esta norma, ese 52% no se aplicará sobre el salario al momento de retirarse, sino sobre el salario promedio de los últimos diez años, ajustados según la mencionada fórmula. Con esta disposición, el salario base disminuirá sustancialmente, por lo que cualquier trabajador que se jubile en el futuro sólo comenzará a recibir menos de un 30 % de su salario en actividad, y luego seguirá perdiendo poder adquisitivo en cada semestre posterior. En consecuencia, por esta ley injusta, inmoral, inconstitucional y criminal, los jubilados actuales y futuros (es decir todos los trabajadores) terminarán recibiendo durante los últimos años de su vida un ingreso mínimo por debajo de la línea de pobreza, y estarán condenados a un ingreso miserable cuando más necesitan del apoyo y la contención de la sociedad.

Se trata de un tratamiento digno de la lógica del mercado salvaje, donde lo que menos interesa son las condiciones de vida de la población (en este caso, de los jubilados). Esto es gravísimo, además de perverso, dado que aún cuando existan los fondos suficientes (con un ANSES que tiene elevado superávit), los mismos no se podrán destinar a recuperar los reducidos haberes de los jubilados. ¿En qué se usarán, entonces, los recursos que deberían ser para los jubilados? Como sucede hasta ahora, que el Gobierno nacional los utiliza para otros fines, principalmente cumplir con las obligaciones de la deuda (pagar tributo al capital financiero) y entregar subsidios a los grandes grupos empresariales.

Depredación minera: el agua en peligro (…Cristina lo hizo II)

La explotación irracional de nuestros recursos mineros tuvo un fuerte apoyo con la legislación colonial aprobada en los años ’90, donde se permite el saqueo y la contaminación en gran escala por parte de empresas transnacionales. El marco jurídico dispone de exenciones tributarias a las mega mineras, que se pueden llevar el oro, el cobre y otros valiosos recursos minerales de nuestro territorio, sin pagar impuestos y sin la obligación siquiera de traer las divisas al país, recibiendo no obstante subsidios y reembolsos por parte del Estado nacional. Esa minería a cielo abierto, una de las actividades más contaminantes del planeta, permite que en un par de décadas y a golpe de dinamita, donde había montañas queden hoyos gigantescos de agua y tierra contaminada. También permite que se dilapiden reservas enormes de agua potable, y se consuma en gran escala gas y energía subsidiada por todos los argentinos. Una sola empresa minera (La Alumbrera) llega a utilizar la misma cantidad de energía eléctrica que todo lo consumido por las provincias de Catamarca y Tucumán.

La llegada al gobierno de Néstor Kirchner en el año 2003 podría haber puesto fin a esa legislación entreguista, si nos atenemos al discurso "progresista" de su gestión. Por el contrario, desde ese momento la promoción de las inversiones extranjeras en el sector tomó un impulso inusitado, y apareció una gran cantidad de interesados en quedarse con estos valiosos recursos.

Pero no es sólo el saqueo de las riquezas mineras lo grave. Tampoco el envenenamiento de tierra, agua y aire de la región cordillerana, afectando a muchas poblaciones. También está en peligro la fuente generadora de agua potable que constituyen los glaciares, que significan en la Argentina un 75% de las reservas hídricas. Precisamente, en el pasado mes de octubre se sancionó una ley de protección a los glaciares, que tuvo en apoyo unánime en las dos Cámaras del Congreso Nacional. Esta norma, si bien no corregía el accionar depredador de las compañías mineras internacionales, que sólo se guían por su afán de la máxima ganancia, al menos intentaba proteger un recurso que es vital para la vida humana: el agua potable. Pero sucede que días atrás, nuestra Presidenta en lugar de promulgar la ley, decidió vetarla por un decreto que firma también el actual Jefe de Gabinete.

Esta actitud criminal con nuestro ambiente y con una de las principales reservas de agua potable que tenemos, sólo beneficia a un puñado de grandes empresas extranjeras, y pone de manifiesto la continuidad esencial de un proyecto depredador, saqueador y genocida, a cuyo servicio han actuado los últimos gobiernos nacionales en la Argentina, en especial desde principios de los años ’90 hasta la actualidad.

La salida: protagonismo popular para una nueva sociedad

En síntesis, si el mercado salvaje impone una lógica que tiene como prioridad absoluta el logro de la máxima ganancia, a costa del ambiente y del ser humano; y si además los sectores minoritarios que se benefician con este sistema imponen sus intereses a quienes nos gobiernan, distorsionando el sentido de la democracia; debemos buscar otro camino antes que sea demasiado tarde. No será el camino de los que pregonan más libertad de mercado, ni el camino de los que se sirven de una democracia formal, y que permite que quienes gobiernen lo hagan para servir al proyecto dominante, y no para servir al conjunto de la sociedad. Será sólo el protagonismo de la gente, la mayor participación de los sectores populares, la búsqueda activa de soluciones para el conjunto y la lucha unitaria por el cambio social, lo que garantizará en última instancia que podamos ir construyendo una nueva democracia al servicio de una nueva sociedad.

Luis Lafferriere
Noviembre de 2008